El investigador Julio Caño considera que "las sociedades de inversión mobiliaria
están siendo aprovechadas por inversores individuales con grandes fortunas o ingentes
carteras de valores, es decir, quienes menos las necesitan, para disfrutar de
los beneficios fiscales que aporta el régimen tributario especial previsto para
estas entidades, sin cumplir con la función económica a la que responden".
Julio Caño, que defendió en la Universidad de Navarra su tesis doctoral "Tributación
de las instituciones de inversión colectiva y de sus accionistas o partícipes",
precisó que "el objetivo de estas entidades debería ser el de servir a una colectividad
de ahorradores".
El investigador explicó que "las sociedades y fondos de inversión son instituciones
de inversión colectiva que, en teoría, deben canalizar hacia el mercado mobiliario
e inmobiliario el ahorro de pequeños y medianos ahorradores que, por diversas
razones, como pueden ser la falta de conocimientos e información necesaria para
saber cuándo, dónde y cómo invertir, permanece al margen de los grandes centros
de contratación.
Si realmente fuera así, se justificaría la aplicación de un régimen fiscal beneficioso".
Según los datos que aportó, en España estas entidades gestionan al año 197.232
millones de euros, alrededor del 35 por ciento del PIB, procedentes de cerca de
8 millones de ahorradores.
"La tributación por el impuesto sobre sociedades es casi nula, puesto que está
establecida en el 1 por ciento. Este hecho, además de ser una importante ventaja
de tipo financiero, permite al inversor colectivo planificar el IRPF y elimina
el obstáculo más importante para transformar rendimientos de capital mobiliario
y ganancias de patrimonio a corto plazo en ganancias de patrimonio a largo plazo.
De esta manera, se benefician de la tributación reducida de este tipo de rentas",
explicó.
En un sentido más general, afirmó que el régimen fiscal previsto para las sociedades
y fondos de inversión produce "importantes desigualdades" en la tributación del
inversor directo y el colectivo.
"Y esto puede lesionar principios tan elementales en nuestro sistema tributario
como los de igualdad, progresividad y neutralidad fiscal", agregó.
Concluyó el nuevo doctor que "tales entidades no necesitan hoy en día un incentivo
fiscal para su constitución y desarrollo si tenemos en cuenta la presencia tan
importante que tienen en nuestro mercado financiero".
Por estos motivos, propuso "un sistema que asimile la carga tributaria de los
inversores directos y colectivos". "Recientemente se ha instaurado una medida
que elimina, cumpliendo una serie de requisitos, el denominado comúnmente 'peaje
fiscal' cobrado por Hacienda cuando se cambia la inversión de una sociedad o fondo
de inversión a otra entidad de dicha naturaleza", señaló Julio Caño.
En este sentido, consideró este criterio como "acertado" por diversos motivos:
"Favorece una asignación eficaz de los recursos, elimina uno de los obstáculos
que servían de acicate para que las entidades gestoras de los fondos de inversión
se relajasen en su trabajo e incorpora determinadas condiciones dirigidas a asegurar
que la medida beneficie a socios de auténticas instituciones de inversión colectiva".
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