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Hubo un antes y un después del 119" , dijo Cofer Black, alguna vez jefe de la unidad de contraterrorismo de la CIA, al Congreso en 2002. "Después del 11-9 nos quitamos los guantes". Muchos estadounidenses se emocionaron con la retórica marcial en esos momentos y aceptaron que no se podía combatir a AlQaeda de acuerdo con las reglas tradicionales. Pero sólo ahora estamos conociendo qué, precisamente, significaba eso de quitarse los guantes .
Newsweek averiguó que soldados y operadores de la CIA podrían ser acusados de crímenes de guerra, pues los maltratos y abusos "parecen ser algo bien planeado", indicó el senador republicano Lindsey Graham.
La historia empieza en los meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando un grupo de abogados conservadores al interior de la administración Bush plantea que en la nueva guerra no se aplican los tratados internacionales. Estas posiciones son expresadas en opiniones legales secretas del Departamento de Justicia y luego respaldadas por la Defensa y por el asesor legal de la Casa Blanca, Alberto Gonzales, según copias de documentos internos.
Un memorando del Departamento de Justicia autoriza a la CIA a usar una amplia gama de técnicas de interrogatorio con sospechosos de Al-Qaeda. El 28 de diciembre de 2001, el departamento establece que los tribunales estadounidenses carecen de jurisdicción para revisar el trato a los prisioneros en Guantánamo.
Para el 25 de enero de 2002, según un memorando obtenido por Newsweek , estaba claro que Bush había decidido que las convenciones de Ginebra no se aplicaban ni a al Talibán ni a AlQaeda. En un memorando escrito por Gonzales a Bush, el asesor legal enumera amplios argumentos que se anticipan a posibles objeciones a los interrogatorios de los soldados o agentes de la CIA. La nueva guerra otorga un alto valor a factores como "obtener información rápida de los terroristas capturados y sus patrocinadores", escribió Gonzales.
Esto, agregó, "a mi juicio vuelve obsoletas las estrictas limitaciones de Ginebra a los interrogatorios de los enemigos prisioneros y hace que algunas de sus disposiciones parezcan pintorescas". Con la base legal establecida, Bush empezó a actuar. Primero, firmó una orden secreta para conceder nuevos poderes a la CIA. Según fuentes informadas, el decreto autorizó a la agencia instalar una serie de centros de detención secretos fuera de Estados Unidos, así como a interrogar a los presos con una dureza sin precedentes. Luego, Washington negoció con gobiernos extranjeros la inmunidad no sólo para personal del gobierno, sino de contratistas. La administración empezó asimismo a entregar a detenidos a gobiernos extranjeros que podrían interrogarlos con métodos más agresivos, según dijo al Congreso el director de la CIA, George Tenet. Ya en 2003 se desarrolló en Guantánamo una "directriz de 72 puntos de tensión y coacción" para interrogatorios.
Mientras en Guantánamo los interrogadores afinaban sus técnicas, la insurgencia se multiplicaba en Irak en el verano de 2003. Rumsfeld estaba impaciente con la inteligencia obtenida en ese país. El secretario destacó que en Guantánamo se estaban obteniendo buenos datos. Por lo tanto, instruyó a su subsecretario de Inteligencia, Steve Cambone, para que enviara a Irak al comandante de Guantánamo.
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